El control fiscal
ambiental (CFA) es una herramienta de evaluación de la gestión de las entidades
públicas, con el fin de proteger las inversiones en materia ambiental y evaluar
las acciones encaminadas al mejoramiento del ambiente y, a su vez, que se dé un
uso racional a los recursos naturales y al medio ambiente pertenecientes a toda
la comunidad.
El tema ambiental, como objeto de control
dentro de las distintas entidades públicas, viene siendo evaluado en términos
de inversión presupuestal año tras año, dejando a un lado la evaluación de la
gestión ambiental, la cual no está limitada a meros aspectos económicos, sino
que permite otro tipo de evaluación enmarcada en todos los principios del
control fiscal, (eficiencia, eficacia, equidad y economía), siendo éste el
marco de referencia para la realización de auditorías integrales llevadas a
cabo por las entidades fiscalizadoras en sus diferentes niveles.
El CFA busca unificar los criterios de
evaluación de la gestión ambiental con el fin de permitir la confrontación de
cada evaluación con otras y así establecer diagnósticos históricos sobre la
gestión ambiental de las entidades públicas. Con este sistema de control fiscal
ambiental se abre el campo de aplicación del control fiscal y se permite que al
finalizar una evaluación se obtengan resultados tanto cuantitativos como
cualitativos en el cumplimiento de las normas, políticas, planes y proyectos o
actividades relacionados con el medio ambiente, así como su contribución al
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
El CFA es aplicable a
todas aquellas entidades públicas, mediante las auditorías realizadas por el
organismo de control competente, y su conocimiento y dominio está dirigido al
personal que labora en estos organismos de control para que ejerzan una labor
de control eficaz e integral.
Mediante la aplicación
del CFA se logran evidenciar cuáles son los principales problemas ambientales,
las acciones o actividades que han realizado las entidades públicas y en qué
medida estas acciones han sido eficaces, eficientes, económicas y equitativas
para el medio ambiente, que son los principios fundamentales del control
fiscal.
Se pueden establecer
como objetivos del control fiscal ambiental los siguientes:
- Evaluar la gestión ambiental de las entidades del Estado, fundamentados en el marco legal ambiental existente en Colombia y de acuerdo con las políticas internas de cada entidad.
- Implementar metodologías precisas de evaluación ambiental, tales como indicadores y valoración de los costos ambientales.
- Verificar el cumplimiento de normas y políticas en el desarrollo de los planes, programas, proyectos, obras y actividades relacionadas o no con el medio ambiente.
- Conocer el sistema de control interno de cada entidad, con el fin de establecer cómo es la gestión ambiental interna.
- Determinar los costos y beneficios sociales de los proyectos ambientales o no, ejecutados por las entidades del Estado, con el fin de determinar la efectividad de la inversión en protección, prevención, conservación, uso, manejo, mitigación, investigación, seguimiento, regulación, evaluación, contingencia, monitoreo, restauración del deterioro y protección de los recursos naturales y del ambiente.
- Evaluar si el gasto público ambiental se ejecutó de conformidad con los planes, programas y proyectos, en concordancia con las políticas ambientales de Colombia.
- Corroborar que los proyectos, obras o programas adelantados por la entidad pública no creen pasivos ambientales, ni deterioren los recursos naturales existentes.
- Determinar y evaluar si las entidades del Estado tienen en cuenta la participación de la comunidad en el proceso de gestión ambiental, cuando la población resulte afectada por las actividades que la entidad realiza, así como su incidencia en el proceso de toma de decisiones que puedan afectar su entorno físico.
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